El Costo de la Gobernanza: Por qué las coaliciones empobrecen las propuestas

Existe una desconexión dolorosa entre lo que los ciudadanos creen que votan y lo que finalmente reciben. En las elecciones de 2026 hemos visto cómo partidos que prometieron "cambios estructurales" terminan administrando variaciones mínimas sobre el mismo statu quo. El votante siente que le han mentido, que el candidato se ha vendido o que el sistema está podrido. Sin embargo, la realidad suele ser más prosaica y mucho más cínica: no es traición, es gobernanza. El acto de gobernar en sistemas parlamentarios fragmentados requiere un precio de entrada que se paga con la pureza del programa electoral. El resultado es una propuesta empobrecida, diseñada no para resolver el problema de raíz, sino para no ofender a los socios necesarios para sumar votos en el hemiciclo.

La aritmética invisible de las mayorías

La promesa electoral es un ejercicio de maximalismo: se vende la mejor versión del futuro posible. Pero el gobierno es un ejercicio de minimización de riesgos. Para entender esto, hay que mirar la fría mecánica de los números. Si un partido A gana las elecciones con un 35% de los votos, necesita el apoyo de partidos B y C para alcanzar una mayoría simple o absoluta. Este apoyo no es gratuito. Cada socio de coalición posee "puntos de veto" o intereses sectoriales que protegen celosamente.

El proceso de negociación opera como un filtro progresivo. Una propuesta radical que entra al Consejo de Ministros con un 100% de potencial transformador sale del parlamento, si tiene suerte, con un 40% o 50% de su fuerza original. Esto ocurre porque el consenso, esa palabra que se vende como virtud democrática, es en términos económicos un coste de oportunidad enorme. Cada concesión hecha a un socio para asegurar su apoyo —una exención fiscal aquí, un subsidio maintained allá— añade una carga que a menudo desfinancia la parte más ambiciosa de la reforma. No estamos ante un fallo moral de los políticos, sino ante una falla de diseño institucional que premia la estabilidad sobre la eficiencia.

El ejemplo de la Reforma Fiscal 2026

Pongamos esto en perspectiva con un escenario realista de este año. Imaginemos una Reforma Fiscal prometida por el partido ganador, cuyo objetivo era reducir el impuesto de sociedades del 25% al 15% para atraer inversión extranjera directa (IED) y reactivar laProductividad Total de los Factores (PTF). Esta propuesta estaba respaldada por modelos econométricos que sugerían un crecimiento del PIB del 1,8% a medio plazo.

Sin embargo, para gobernar, este partido necesita aliarse con una formación regionalista y otra de corte ecologista. El socio regionalista exige que la autonomía fiscal de las regiones se mantenga intacta, prohibiendo una armonización a la baja que reduzca sus recaudaciones propias. El socio ecologista, por su parte, condiciona su apoyo a que la reducción impositiva no aplique a empresas que no cumplan con ciertos estándares de descarbonización muy estrictos, lo cual excluye al 70% del tejido industrial actual.

El resultado final, tras meses de comisiones, no es una rebaja al 15%. El texto aprobado establece una rebaja escalonada hasta el 22%, con tantas excepciones y tramos que la recaudación efectiva apenas se mueve. La "reforma radical" se transforma en un ajuste técnico. Los economistas que diseñaron el plan original saben que, con ese 22% y la maraña de excepciones, el efecto sobre la IED será marginal, cercano a cero. La gobernanza ha asegurado que el gobierno no caiga, pero ha empobrecido la propuesta hasta la irrelevancia práctica.

Este fenómeno también explica la tensión creciente entre técnico y político. El técnico propone la solución óptima basada en datos; el político la traduce a la viabilidad parlamentaria. Lo que sale al otro lado es un monstruo de Frankenstein que suele ser ineficiente.

Cuando el consenso esteriliza la acción

El problema de fondo es que las democracias modernas han confundido la legitimidad del origen (quién gana las elecciones) con la legitimidad del ejercicio (quién decide en cada momento). Al exigir consensos amplios para todo, se ha blindado el sistema contra los cambios drásticos, para bien y para mal. Esto crea una paradoja: en momentos de crisis que requieren cirugía de emergencia, el sistema solo permite curitas y analgésicos, porque aplicar la cirugía requeriría una mayoría que raramente existe.

Esta dinámica distorsiona el concepto mismo de voluntad popular. Si la ciudadanía vota por un programa de ruptura, pero las reglas del juego obligan a una continuidad pactada, se genera una desconexión entre la soberanía popular y la realidad legislativa. Como analizamos recientemente en Elrazon, esta "soberanía filtrada" alimenta el cinismo y el auge de discursos anti-sistema que prometen saltarse el parlamento, precisamente porque el parlamento es visto como la máquina de triturar promesas.

A menudo, los partidos justifican estas concesiones como "pragmatismo" o "responsabilidad de Estado". Y hay una verdad incómoda ahí: una reforma imperfecta es quizá mejor que una crisis institucional. Pero no debemos engañarnos sobre el coste. Ese pragmatismo tiene un precio en términos de crecimiento no realizado y problemas estructurales no resueltos. La factura se paga en falta de competitividad y en un estancamiento que, años después, se atribuye erróneamente a "factores externos" cuando en realidad fue causado por la incapacidad de aplicar la medicina correcta a tiempo.

La economía de los compromisos

Desde una perspectiva económica, la negociación parlamentaria es un mercado de trueque donde la moneda de cambio son las políticas públicas. Cada actor racional maximiza su propia utilidad, que no es el bienestar general, sino su supervivencia política y la satisfacción de su base electoral. Esto genera ineficiencias tipo rent-seeking.

Un socio minoritario puede bloquear una reforma que beneficiaría al 90% de la población solo para proteger un nicho de interés que le garantiza sus votos. Este es el "costo de la agencia" de la coalición: el principal (el ciudadano) delega en el agente (el gobierno), pero el agente debe responder a múltiples principios (los partidos de la coalición), cuyos intereses están en conflicto. La teoría de juegos nos dice que el equilibrio de Nash en estas situaciones raramente es el óptimo de Pareto; es un subóptimo donde nadie sale totalmente perdedor, pero nadie gana lo suficiente. El resultado es un país que camina, pero que corre cada vez más lento.

El diseño como límite

La frustración del lector, esa sensación de que "gobiernan distinto a lo prometido", no es una anomalía, es una característica del sistema actual. Mientras las reglas electorales sigan produciendo mayorías insuficientes y la gobernanza exija consensos de la gran coalición, las propuestas seguirán llegando al poder descafeinadas.

No se trata de argumentar a favor de las mayorías absolutas sin control —que tienen sus propios riesgos de deriva autoritaria— sino de reconocer que la actual arquitectura institucional tiene una fuerte tendencia a la entropía. Las reformas radicales mueren en la sala de espera de la negociación. Quizás la verdadera pregunta no es por qué los políticos traicionan sus programas, sino por qué diseñamos un sistema que hace de la traición al programa la única condición posible para la supervivencia del gobierno. Mientras tanto, el votante seguirá atrapado en un ciclo de esperanza y decepción, confundiendo la aritmética de la coalición con la malicia de sus representantes.